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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.

Así consta en el auto por el que el magistrado procesa a los dirigentes marroquíes –entre los que se encuentran dos gobernadores, un teniente y un coronel–  y a los que se les imputan: un delito de genocidio; con detención ilegal; torturas; asesinato y desaparición forzada; pone además a siete de ellos en situación de busca y captura.

Izquierda Unida espera que ante el inicio de las conversaciones las autoridades y gobiernos implicados permitan y faciliten el trabajo del juez Ruz toda vez que estos delitos constituirían crímenes de lesa humanidad.

El juez, con estas medidas y a instancias de la Fiscalía, demuestra y admite la existencia de prácticas genocidas contra el pueblo saharaui, en épocas además harto recientes, señalando que el hecho fundamental investigado es el hallazgo de una fosa común en ‘Amgala’ en la que aparecieron ocho cadáveres y que ya han sido plenamente identificados.

Los testimonios de varios testigos y víctimas que incriminan a los procesados, ratifican estos hechos que ahora también tendrán un reflejo judicial y que para Izquierda Unida da amparo a las denuncias que tradicionalmente hemos traído a España fruto de nuestra tradicional relación y solidaridad con las denuncias y legítimas aspiraciones del pueblo saharaui.

Izquierda Unida recuerda que esta causa fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 por una Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga asesinatos, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992, imputables a los procesados o sin autor conocido.

Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara, Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

El auto se remonta a la ocupación del Sáhara Occidental en 1975, y justifica el procesamiento por un delito de genocidio apuntando que las acciones cometidas por policías y militares se dirigieron “unívocamente contra los saharauis” que fueron “sometidos a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos”.

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